El día de hoy, en su columna en el periódico El Universal Javier Corral da cuenta de un interesante episodio en la radiodifusión comunitaria: hace algunos días, la Asociación Mundial de Radios Comunitarios America Latina y el Caribe (AMARC) logró colocar sus reclamos en la materia en los organismos internacionales.
Aleida Calleja y Gustavo Gómez traen un verdadero revuelo mundial. Dirigentes del organismo internacional que agrupa a las radios comunitarias (Amarc), la primera como vicepresidenta y el segundo como director del programa de Legislaciones y Derecho a la Información, se acaban de apuntar un logro en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al participar en audiencia especial el pasado 28 de octubre en Washington, DC.
Activistas indomables, han sacado el compromiso de esa instancia y de su relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, de voltear su mirada hacia el desfasamiento, las contradicciones, los vacíos, las amenazas y las inequidades de la legislación para la radiodifusión en América, y han propuesto un conjunto de principios y buenas prácticas regulatorias que la modernicen y la pongan en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios sobre libertad de expresión de la 108 sesión de la CIDH.
No es necesario un estudio jurídico, sino sólo asomarse al contenido de esas leyes en nuestros países, para darse cuenta del hecho legal en que se funda el modelo autoritario, concentrador y mercantilista de la radio y la tv en el continente, y las exclusiones que de los medios públicos y comunitarios han mantenido en los marcos regulatorios los congresos nacionales.
El día de hoy, en su columna en el periódico El Universal Javier Corral da cuenta de un interesante episodio en la radiodifusión comunitaria: hace algunos días, la Asociación Mundial de Radios Comunitarios America Latina y el Caribe (AMARC) logró colocar sus reclamos en la materia en los organismos internacionales. 
